Los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza se ahogan en burocracia. La nueva ley de contratos públicos que entró en vigor el pasado mes de marzo se ha convertido en un obstáculo administrativo para desarrollar el día a día de los proyectos. Compras que hasta ahora eran meros trámites se han transformado en tediosas gestiones. Con la intención de recuperar su tiempo para las labores que en realidad tienen encomendadas, los investigadores han iniciado una campaña de recogida de firmas para forzar una reforma urgente de la norma.
La totalidad de los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza se han visto afectados por una ley que en origen pretendía combatir casos de corrupción y despilfarros. Pero como ha sucedido con las administraciones locales, la falta de coherencia con las necesidades reales ha provocado «una situación grave de inoperatividad e ineficacia que tendrá como resultados una pésima utilización de los limitados recursos materiales y humanos que se dedican a la investigación y un estancamiento de las actividades», según denunciaron.
En una asamblea realizada ayer en el Campus Río Ebro, un centenar de docentes de todos los centros aragoneses, tanto de humanidades como de ciencias, puso sobre la mesa los riesgos de aplicar normas «de forma incoherente y sin tener en cuenta la realidad del trabajo que se desarrolla». El profesor Alberto Anel, del departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, evidenció que pese a lo que requiere la ley, en el trabajo científico «es imposible de prever» qué materiales van a necesitar porque dependen del ensayo y el error.
Límite de 10.000 euros
Los afectados explican que actualmente para hacer un pedido de materiales, ya sean reactivos o libros, tienen que conseguir el precio final a través de un proveedor ya determinado y solicitar una autorización de compra. Dependiendo de la cantidad de encargos previsto la universidad puede autorizar o no asignar el producto a ese distribuidor. Pero se da la casualidad de que el montante se calcula a nivel global, es decir, teniendo en cuenta las necesidades de todos los grupos. Además, la cantidad que frena el proceso es de 15.000 euros, una cifra que consideran demasiado baja. De hecho, el investigador Adrián Velázquez, del instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, alegó que ya se ha rebasado la frontera en solo dos meses.
El manifiesto impulsado alega que realizar pedidos se está convirtiendo «en una tarea de investigación en sí misma, ardua y onerosa». Por ese motivo se dirigen al Gobierno de España para que excluya a los centros de creación científica de los supuestos controlados por la ley de contratos públicos. Y hacen lo propio con el Gobierno de Aragón, al que le piden que utilice su capacidad legislativa para minimizar el daño que está causando la burocracia.
De cara a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se solicita que coordine y lidere «una respuesta pública» contra esta situación y que traslade la inquietud generalizada al nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con Pedro Duque al frente.
En este sentido, Anel se mostró esperanzdo al entender que el nuevo dirigente podría ser sensible a sus peticiones. «Se ha encontrado con muchas cosas de sopetón y tenemos la obligación de colocar otras sobre la mesa», expresó.
Contrato menor
La Universidad de Zaragoza no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación en la que se encuentran los investigadores. Únicamente ha trascendido que el departamento de gerencia está trabajando desde el punto de vista técnico en protocolos que permitan simplificar las tareas burocráticas.
De forma generalizada se ha apostado por un procedimiento de contrato menor con publicidad. Este sistema hace que una solicitud de materiales de laboratorio se resuelva en 40 o 60 días si no se producen retrasos debidos a defectos de forma o interpretaciones erróneas de las necesidades.
Anel expuso en la asamblea una circunstancia particular para ejemplificar el problema. «He tardado dos meses en comprar un anticuerpo que antes llegaba en dos semanas», lamentó. La mayoría de los asistentes están en una situación similar. «Vamos a intentar tener notoriedad», acordaron.
"Estamos ante una locura administrativa"
«Estamos ante una locura administrativa». La investigadora en Ingeniería y Arquitectura María Peña Ormad es uno de los rostros afectados por la aplicación estricta de la nueva ley de contratos públicos. «Lo que antes nos costaba un tiempo razonable se ha multiplicado por cuatro», indica.
María Peña Ormad. Salud ambiental
En su caso, con una investigación dedicada a mejorar la salud ambiental de las aguas se ha encontrado con pedidos paralizados por la burocracia que finalmente se han adquirido por un precio mayor. «No ponen un control sobre los proveedores habituales y al final se tiene que recurrir a otros medios que encarecen los encargos». En su equipo de investigación trabajan quince personas de los campos de la ingeniería y la medicina. «Cada vez tenenos más trabas y algunos nos cansamos de luchar», lamenta.
"Todos los proyectos están vinculados"
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón trabaja de forma conjunta con la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esto hace que sus grupos de trabajo tengan más margen de maniobra a la hora de plantear su financiación, pues no se tienen que atener estrictamente al límite de los 15.000 euros que ahoga a los grupos aragoneses. El vicedirector del centro, Javier Rubín lamenta, en todo caso, que todos los proyectos «están vinculados» y que finalmente todo el conjunto resulta afectado.
Javier Rubín. Ciencia de los materiales
En su grupo de trabajo han llegado a verse limitados en el suministro de sustratos para la medición de algunas investigaciones que tienen en marcha a los dos meses de la entrada en vigor de la ley. «Es bueno que estemos todos unidos en las reclamaciones» considera.
"También nos limita la asistencia a congresos"
La movilidad internacional es una de las caraterísticas de la investigación actual. Pero la nueva norma de contratos públicos también complica la presencia de los investigadores en otros países. «La presencia en congresos está limitada», asegura la subdirectora del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones del centro universitario de la Defensa, Raquel Villacampa. «Lo que antes se hacía en cinco minutos ahora ocupa buena parte de nuestro tiempo», denunció. Como responsable de un equipo trata de distribuir estas tareas de forma equitativa.
Raquel Villacampa.Matemática
Además, espera sobre todo que la DGA tome cartas en el asunto y que se pueda cumplir el Pacto por la Ciencia para desatascar las situación. «La universidad debería ser el corazón de una comunidad y es necesario apostar», indica.
"La norma actual no es algo razonable"
El profesor de la facultad de Medicina, Iñaki Ochoa, aboga por cambiar la norma que limita los contratos públicos al no considerarla «algo razonable». Integrado en el grupo de Mecánica Aplicada y Bioingeniería del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) defendió la necesidad de protestar para cambiar las cosas.
Iñaki Ochoa. Medicina
«Si necesito un reactivo para tomar muestras en un paciente que va a ser operado en unas semanas no puedo esperar dos meses hasta que se autoriza su compra», alerta. En su caso concreto, al trabajar en el análisis de tumores cerebrales, las oportunidades para acceder a cirugías son limitadas.
Ochoa asume que la investigación siempre ha sido «complicada», tanto por la falta de financiación como de recursos. Pero en este caso cree que las nuevas trabas son completamente excesivas.
"Perdemos mucho tiempo de investigación"
«Estamos perdiendo mucho tiempo de investigación». En todos los campos existen ejemplos de una burocracia excesiva a la hora de afrontar los proyectos. Y especialmente en campos en los que dependen directamente de materiales. Es el caso del Graphics and Imaging Lab en el que está integrada Ana Serrano. «Solemos necesitar tecnologías muy específicas, difíciles de conseguir, y nos pasamos el tiempo pidiendo presupuestos», lamenta.
Ana Serrano. Informática
En su equipo colaboran unas quince personas que en muchos casos se han visto retrasado por la falta de comunicación entre el centro y los proveedores a la que obliga la nueva ley.
Y señala que el cambio se nota hasta en lo más cotidiano. «Ante una emergencia antes se podía reaccionar con una compra en una tienda normal», explica.
"Se están encareciendo muchos procesos"
Aunque cuando se piensa en investigación suele acudir a la mente la imagen de una probeta, en todos los campos del saber existen equipos que profundizan en los conocimientos actuales. La catedrática de filología inglesa Susana Onega coordina un grupo de casi veinte personas sobre narrativa contemporánea en lengua inglesa. La compra de libros, manuales técnicos y la asistencia a congresos se están viendo condicionados con la nueva norma. «Estamos todo el día haciendo labores propias de los administrativos», lamenta.
Susana Onega. Filóloga
Desde el departamento advierten que en ocasiones, por culpa del control excesivo «se están encareciendo muchos procesos». Un ejemplo es la obligación a renunciar a determinadas ofertas para seguir el único cauce de contratación establecido.
