Después de cuatro meses de polémica por el intento de mercantilizar el Servicio de Atención a Maltratadas (SAM), el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón decidió ayer dar marcha atrás y volver a conceder esta asesoría a quienes llevaban más de veinte años realizándola: los colegios de abogados de las tres provincias. El Ejecutivo autonómico se escuda en que el concurso que sacaron, el pasado mes de abril, ha quedado desierto y, por lo tanto, ahora la Ley de Contratos "lo permite".
El encargado de este anuncio fue el secretario general técnico de esta consejería, José Antonio Jiménez, quien señaló que esta medida se produce por indicación del Servicio de Intervención, ya que "no se presentó ningún candidato" al concurso, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. También afirmó que la legislación vigente "permite proceder mediante contrato negociado sin publicidad, siempre que se mantengan las condiciones sustanciales que fueron objeto de publicidad y concurrencia".
VIGENCIA
De esta forma, el presupuesto de este servicio es de 131.274 euros, el plazo de ejecución del contrato de dos años y la posibilidad de prórroga de otros dos adicionales.
A este contrato se unirá también el de la guardia jurídica para violencia doméstica por un importe de 72.474,28 euros, también con un plazo de ejecución de dos años y la posibilidad de prórroga de otros dos. La prestación del servicio tanto de asesoría como de guardia jurídica se realizará bajo la dirección y supervisión del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en sus sedes de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como en los distintos centros comarcales de servicios sociales.
Esta decisión se produce después de varios debates en las Cortes de Aragón en los que toda la oposición al Gobierno PSOE-CHA presentó proposiciones no de ley para evitar que los colegios de abogados dejaran de prestar esta asesoría. El tono de las críticas se elevó cuando salió a la luz que la empresa Atenzia --gestiona el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género-- ya lanzó en febrero una oferta para prestar un servicio muy parecido al que se licitó--. Finalmente, no llegó a presentarse.
PREVARICACIÓN
Frente a ellos estaban los consejeros de Justicia y Derechos Sociales, Vicente Guillén, y María Victoria Broto, respectivamente, quienes defendieron esta medida, amparándose en un informe del Tribunal de Contratos Públicos. Incluso el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, llegó a señalar: "No es que se vaya a externalizar, es que legalmente esa asesoría no se puede dar al colegio porque eso sería prevaricar. Y eso quien mejor lo sabe es un letrado".
Una afirmación que tuvo respuesta desde el Consejo General de la Abogacía Española, que emitió un informe en el que se avalaba la legalidad de seguir suscribiendo este tipo de servicios, mediante convenio, con los colegios de abogados.
También se aseveró que la comunicación del Ministerio de Hacienda, publicada el pasado 17 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que la DGA se amparaba, afirma que "de acuerdo con su propia naturaleza tiene carácter de no vinculante para los órganos de contratación". De hecho, su nombre es "recomendación".
El teléfono 900504405 cubre la primera asistencia jurídica y la primera denuncia, así como la presencia de letrado cuando se vaya a tratar una orden de protección. Durante todo este tiempo, el servicio ha sido prestado de forma temporal por Atenzia, no sin polémica tampoco, ya que los abogados denunciaron un caso de una maltratada desatendida en Fraga.
