La cada vez más larga lista de templos católicos que la Iglesia ha puesto a su nombre en Aragón incluye, según se hizo público ayer, la catedral de Jaca. Otro caso llamativo, como fueron los de la catedral de San Salvador --la Seo-- o iglesias como La Magdalena, San Juan de los Panetes o Santiago El Mayor de Zaragoza, que cuenta además con una particularidad: se realizó hace un mes in extremis, a escasos tres días de que el Gobierno cambiase la ley que permitía a los obispados actuar como notarios y atribuirse bienes.

Según reveló la asociación Movimiento Hacia un Estado Laico, (MHUEL), que continúa abierta su investigación sobre los bienes inmuebles que se ha adjudicado la Iglesia Católica, el obispado jacetano inscribió a su nombre la Catedral de San Pedro el pasado 9 de junio, tres días antes de la aprobación de la citada reforma legal. Algo que puede suponer una ventaja legal al estar aún vigente el periodo de dos años para alegaciones, pero solo hasta cierto punto: el cambio normativo legitima la propiedad de los templos inscritos hasta ahora tras la reforma del anterior Gobierno del PP.

MHUEL señaló en su información como curiosidad --"ópera bufa", textualmente-- el hecho de que la inscripción se realizase en el registro como "obra nueva", para una catedral construida oficialmente en el año 1077. Un monumento, repasaba la asociación laicista, que fue declarado Monumento Nacional en 1931, Bien de Interés Cultural en 1985 y, más recientemente, Patrimonio Cultural Aragonés.

La catedral ha recibido ayudas públicas por un valor aproximado de 3,5 millones de euros desde 1991, para diversas obras y restauraciones. Aunque, a diferencia de otros casos, la Iglesia no ha recibido estas ayudas para un edificio que ya era suyo. Lo que sí se repite es que se cobre entrada a los visitantes.

Como en otras ocasiones, la asociación laicistas animó a las instituciones públicas aragonesas a litigar por esta acción del obispado jacetano. Consideran que, si bien el templo debe estar lógicamente destinado al culto católico, como patrimonio cultural no debería ser propiedad de la Iglesia, y menos aún recibir ayudas públicas si tiene un propietario.

Aunque este caso tiene más amparo legal moderno que otras, al estar realizada con la reforma del Gobierno de Aznar, que permitía a los obispos actuar como notarios al registrar bienes sin dueño, incluidas las iglesias.

En los casos de Zaragoza, inscritos en los años 80, existe controversia sobre si la anterior legislación realmente prohibía registrar los templos. Unos sostienen que sí, y que por eso la reforma del PP lo permitió expresamente. Otros creen que la expresión "titularidad notoria" que recogían los reglamentos amparaba la inscripción. Es decir, que no inscribían porque no hacía falta, ya que eran a todas luces de la Iglesia.