La cúpula de Hacienda de Montoro recibió del PP un documento del caso Bárcenas: "Lo tenía el partido y nos lo ha facilitado"

Los correos electrónicos que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), fundado en 2006 por el exministro del PP Cristóbal Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, revelan un intercambio de documentación del caso Bárcenas entre la cúpula del Ministerio de Hacienda encabezado por Montoro y el Partido Popular.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, ha consultado el contenido de un correo electrónico, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, que evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, tal y como ha informado este periódico, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que esta formación política no estaba personada en la causa.

En concreto, el 21 enero 2015 el entonces jefe de gabinete del Ministerio, Felipe Martínez Rico, le envió a Montoro un correo que incluía un informe que había elaborado en 2014 la Intervención General del Estado (IGAE): "Es al que te habían hecho referencia (disponía de él el Partido y nos lo ha facilitado)", dice de forma literal el 'email'. En esa fecha, el juez Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no había sido considerada responsable civil subsidiaria por pagar con dinero opaco las obras de su sede madrileña. Sin embargo, este partido sí había permanecido como acusación en el pieza principal del caso Gürtel hasta que fue expulsado en septiembre de 2014.

El auto de transformación -la resolución con la que el juez acordó seguir los trámites para que las partes pudieran presentar alegaciones a efectos de la apertura del juicio oral- no fue dictado hasta el 23 de marzo de 2015, es decir, dos meses después del correo electrónico enviado por Martínez Rico a Montoro. Sin embargo, siempre según el contenido de los mensajes de los altos cargos de Hacienda, esta formación política entregó a la cúpula de Hacienda el escrito de la IGAE, organismo dependiente del Ministerio entonces encabezado por Montoro.

"Gabinete de la VP"

El 2 febrero de 2015, Felipe Martínez Rico remite a Montoro otro email en el que asegura haber entregado información "al gabinete de la VP". Las fuentes consultadas sospechan que podría tratarse de la Vicepresidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, entonces a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría. Los datos que se aportan tienen relación con el cambio legislativo que permitía imputar un delito a las personas jurídicas, en este caso al PP: "A partir de la reforma del Código Penal, que entró en vigor en 2010. Sí podría solicitarse a persona física (tesorero o responsable de éste), y la responsabilidad podría solicitarse en grado de delito penal o responsabilidad civil", completa el mensaje, que después apunta que el juez había ofrecido "a la Agencia Tributaria-Abogacía del Estado que se persone, ante la existencia de delito contra la Hacienda Pública".

En el correo electrónico aludido el jefe de gabinete detalla a Montoro que "las cuantías del delito difieren según las cifras de las certificaciones (CER) o de los 'papeles' (PB)", en referencia a la 'caja b'. Este dinero lo gestionaba Luis Bárcenas con fondos opacos donados por empresarios cercanos a la formación conservadora. La suma total bajo sospecha superaba los 1,3 millones de euros.

Un nuevo email, de 21 de enero de 2015, que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén Rus Vela, aporta una "nota resumen del informe de la Agencia Tributaria (AEAT), de auxilio judicial" que adelantaba al ministro que sólo esta institución había encontrado "elementos relevantes". "Este informe, con toda probabilidad, va a considerar la existencia de delito fiscal de [la empresa que hizo la reforma de la sede] Unifica por el Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2007. La facturación de Unifica al Partido, por sí misma, determina cuota de delito. […] Aplicando la 'doctrina Castro', el Partido sería considerado colaborador necesario (no sería responsabilidad civil como a Mato, sino que entraría en el proceso penal como colaborador necesario)", advierte de forma literal el correo electrónico, cuyo contenido ha podido ser consultado por esta redacción. Unifica es el nombre de la empresa a la que el PP pagó más de un millón de euros en 'b' para reformas su sede en la madrileña Calle de Génova.

"Colaborador necesario"

En el mismo sentido, un mensaje de 29 de enero de 2015 del jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, que lleva como título "Nota acusación AdE Gurtel I", dice de forma literal: "Ministro, para la reunión de las 9:30h. Te copio la nota resumen que tenías ya la semana pasada sobre la instrucción de la causa de financiación del PP".

Y el 26 marzo de 2015 Felipe Martínez Rico, tras la decisión del juez Ruz de dictar un auto en el que daba por probada la caja 'b' del PP, vuelve a comunicar al ministro en un correo identificado como "Reunión previa VP" más datos en relación al caso: “Te adjunto la última nota resumen del auto del juez Ruz. De lo comentado esta tarde en el comité”. “En las próximas semanas las partes deberán decidir si formulan acusación. Para dar este paso, la Abogacía del Estado, lo más probable, es que solicite criterio a la AEAT (que preferiría que no le preguntasen). Si le preguntan, mantiene su criterio: no hay delito en el PP, sí en Unifica. PSOE y IU pedirán la imputación de los secretarios generales, el PP se personará al considerar el juez la responsabilidad civil del partido".

Un párrafo más abajo informan a Montoro de que el Ministerio de Justicia se estaba planteando la posibilidad de que la Abogacía del Estado presentara un recurso ante el juez: "Y también se solicitarán argumentos de la AEAT, pero decidiría la Sala de lo Penal, que ya en anteriores ocasiones ha considerado que una donación ilegal no debería estar exenta de tributación del impuesto de sociedades. Queda la posibilidad de que la Sala, aún apartándose del criterio de la AEAT calculase que la cuota no llega a 120.000 (y no hubiese delito)", zanja Martínez Rico.

"Información sensible"

Un informe de la ONIF dirigido al juez de Tarragona ha calificado los emails aportados a la causa en tres tipos. Los primeros son los "relativos al tratamiento de información sensible y legalmente protegida". Los segundos son los relacionados "a una eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos". Y en último término estarían "los relativos a hechos recogidos en los informes policiales o en la denuncia obrante en la causa", según la documentación del sumario del caso, que ha podido ser consultada por esta redacción.

Sin embargo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que no son relevantes desde un punto de vista penal. Y por ello, ha promovido un expediente contra la fiscal del caso Carmen García Cerdá, a quien acusa de desobediencia por no acatar su orden de que los mensajes no deben ser analizados.